La cadena perpetua en Europa y el estado español

En un sentido estricto la cadena perpetua es aquella pena que dura toda la vida del condenado, aunque por extensión también se suele aplicar a aquellas penas de más de 20 años de prisión por considerarse que un periodo tal privado de libertad produce graves secuelas psicológicas y físicas, inaceptables desde un punto de vista humanitario.

En la Unión Europea teoricamente no existe la cadena perpetua entendida como condena de por vida, ya que en todos los países se contempla la revisión de la condena y la posibilidad de concesión de la libertad vigilada pasado un plazo de tiempo, lo que se denomina “cadena perpetua revisable”. Este plazo límite varia de unos estados a otros: 26 años en Italia, 20/25 años en Gran Bretaña, 20 años en Grecia, 15 años en Francia, Alemania, Austria y Suiza, 12 años en Dinamarca y 7 años en Irlanda.

En el estado español la cadena perpetua no está contemplada por la legislación y la mayoría de juristas consideran su implantación incompatible con los principios de la Constitución Española (1978) relativos al fin resocializador y reinsertador de las penas de prisión, y la prohibición de penas y tratos crueles e inhumanos. Estos argumentos esgrimidos contra la cadena perpetua son los mismos utilizados contra las reformas del Código Penal del año 2003 o la “Doctrina Parot”, que han establecido en el estado español la posibilidad legal de aplicar una cadena perpetua encubierta.

No se puede olvidar que el Código Penal de 1973 (conocido como CP antiguo) contemplaba un periodo máximo de prisión de 20 a 30 años, lo que en media Europa equivale a una cadena perpetua, y que much@s pres@s polític@s/politizad@s han cumplido largas condenas: el anarquista vasco Laudelino Iglesias cumplió 23 años y medio (2004) y el comunista Francisco Brotons 25 (2002). Es cierto que la posibilidad de redención de condena por motivos varios (por tiempo cumplido, por trabajar, etc) permitía acortar la condena final.

El Código Penal del año 1995 (conocido como CP nuevo) alargó definitivamente el periodo máximo de prisión hasta los 30 años y eliminó la mayoría de formulas para redimir condena. Pero fue en el año 2003 cuando en el contexto de guerra total contra el “terrorismo”, y con una conflictividad social y política creciente, cuando se acometió la reforma del Código Penal que instauraría definitivamente la cadena perpetua encubierta.

Reformas del Código Penal del año 2003
Impulsadas por el PSOE y PP, muy ligadas a la política antiterrorista.
Introdujeron una serie de medidas que de facto crean un marco legal para la aplicación de la cadena perpetua encubierta:
-Aumenta el límite máximo de prisión a 40 años.
-Endurecimiento de las condenas.
-Tipificación de nuevos delitos.
-Supresión de las redenciones de condena.
-Limitaciones para el acceso a beneficios penitenciarios, 3er grado y libertad condicional.

“Doctrina Parot” del Tribunal Supremo (año 2006)
Artimaña judicial creada por la Audiencia Nacional y ratificada por el Tribunal Supremo, para quitar las redenciones de condena a pres@s polític@s condenad@s con el Código Penal de 1973 (juzgad@s antes de la entrada en vigor del Código Penal de 1995). Consiste en aplicar las redenciones no al tope de condena establecido por los Códigos Penales de 1973 o de 1995, de 20-30 años, sino al total de condenas recibidas, con lo que en la práctica supone eliminar dichas redenciones.

A raiz del caso Mari Luz y del circo mediático montado por la derecha con motivo de la excarcelación de Iñaki De Juana, se ha desarrollado en los medios de comunicación españoles un falso debate cargado de hipocresia y cinismo en torno a la cadena perpetua y la aplicación de medidas de control postcondena a “terroristas” y violadores. Ante la contundente y razonada oposición de las asociaciones de jueces y juristas y ciertos sectores del PSOE el debate fue desmontado debido a que lo único que estaba quedando en evidencia era que en España existe una cadena perpetua encubierta más dura que ninguna de las cadenas perpetuas legales existentes en Europa.

En el estado alemán a pesar de que legalmente la cadena perpetua es revisable a los 15 años de condena está el caso de l@s pres@s polític@s de las extintas RAF (Fracción del Ejercito Rojo): Brigitte Mohnhaupt ha salido en libertad condicional , en medio de fuertes críticas por parte de la derecha,tras cumplir 24 años de cárcel y Eva Haule ha cumplido 21 años de condena.

En Francia la ley contempla la cadena perpetua revisable al de 15 años de encarcelamiento, lo que no ha impedido que haya pres@s que han cumplido más de 25 años de condena. Básicamente el proceso de revisión y puesta en libertad de un@ condenad@ a cadena perpetua en el estado galo sigue 3 fases:
1. Periódo de observación de 6 a 12 meses en el Centro Nacional de Observación de la cárcel parisina de Fresnes. En un régimen de aislamiento el preso es observado y sometido a examenes, tests, entrevistas, etc.
2. Régimen de semilibertad (similar al 3er grado) durante 1-2 años. El/la pres@ trabaja fuera pero vuelve a dormir a prisión, y disfruta de permisos de fin de semana.
3. Libertad vigilada y confinamiento durante un periodo de 5 años. La persona es sometida a medidas de control judicial, está obligad@ a residir en una región francesa determinada por el tribunal y debe respetar ciertas prohibiciones.

En casos recientes de pres@s polític@s, como los vascos –exmilitantes de Iparretarrak- o l@s exmilitantes de Action Directe, la cadena perpetua no se ha revisado a los 15 años, y si se ha hecho ha sido debido a la movilización y presión social: Gabi Mouesca a los 17 años, Filipe Bidart a los 19,y tanto Jean Marc Rouillan como Nathalie Menignon a los 21 años. Además se les han impuesto medidas de control de tipo ideológico como la prohibición de relacionarse con antigu@s compañer@s de lucha o realizar declaraciones sobre los hechos por los que fueron condenad@s o participar en actos delante o cerca de cárceles.

En febrero de 2008 el gobierno de Sarkozy aprobó la polémica “Ley de retención de seguridad”, que permite a los jueces mantener en prisión a aquellas personas que habiendo cumplido su condena sean juzgadas como “peligrosas”. Esta ley ha sido duramente criticada y discutida por parte de la oposición política, las asociaciones de jueces y abogad@s mayoritarias, asociaciones como la OIP, e incluso por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

En Italia, a principios de 2007 a iniciativa de unos presos condenados a “ergastolo” (cadena perpetua que se revisa a los 26 años), con el apoyo de la Asociación Pantagruel de Florencia, se inició una campaña, denominada “Mai dire mai” (nunca digas nunca) contra la pena del “ergastolo”. En el marco de esta campaña, en diciembre de 2007, un@s 769 pres@s condenad@s al ergastolo y más de 1.300 personas, entre otr@s pres@s, familiares, expres@s y solidari@s, llevaron a cabo una huelga de hambre de 14 días (aunque en un principio se planteó como indefinida).

GGEBE - ADDSI